La situación de violencia e inseguridad que se vive en la actualidad, revelan la incapacidad por parte del Estado, para garantizar la convivencia pacífica a los ecuatorianos. Ya no hay confianza en la ciudadanía porque los delincuentes actúan libremente, en cualquier lugar, a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia.

Las muertes, las violaciones, los secuestros y más, se han convertido en el “pan nuestro de cada día”. No hay lugar seguro en Guayaquil, ni tampoco en el Ecuador. Los pasajeros de los buses; los comensales de cualquier restaurant; los usuarios de taxis; los que viajan; los que pasean; en cualquier momento pueden convertirse en víctimas de la delincuencia.

Lo peor de todo, es que, a pesar de los recurrentes requerimientos de los diferentes sectores de la sociedad, para que la Función Legislativa se sensibilice ante el azote que soporta el Ecuador, ésta no ha hecho nada para endurecer las penas y evitar que los malhechores entren y salgan de las cárceles, como si se tratara de un deporte.