La Contraloría ha encontrado anomalías en la gestión de la Universidad de Guayaquil, entre los años 2015 y 1017. El informe  señala irregularidades en la emisión de títulos profesionales de abogados en la Facultad de Jurisprudencia, además del incremento injustificado de sueldos.

El perjuicio al Estado por el mal manejo de sueldos, viáticos y subsistencias ha generado glosas por 8,8 MILLONES de dólares.

La pregunta que cabe formular es ¿QUÉ HIZO LA COMISIÓN INTERVENTORA DURANTE EL PERÍODO PRORROGADO QUE SE MANTUVO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD?

La respuesta surge vinculada a todas las maniobras políticas del correismo que hizo daño por doquier. El Alma Mater no se salvó y vemos cómo las deficiencias detectadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior no fueron corregidas por la Comisión de Intervención.