Es cuestión de sentido común. Los funcionarios públicos que son  sometidos a evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no rinden cuentas a los miembros de dicho Consejo; lo hacen ante el pueblo que tomó esa decisión el pasado 4 de febrero.

Si los rebeldes que no aceptan el llamado del Consejo, esgrimiendo argucias diversas para justificar su actitud negativa, deben saber que hay una sentencia adoptada por el pueblo, desde hace mucho tiempo, y la conciencia no tiene espacio para el engaño.

Podrán patalear y chillar ante las decisiones de los miembros del Consejo, pero ante el pueblo que es el soberano, no caben los berrinches, sólo les queda el silencio decoroso, porque mejor se defienden callados.

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio está cumpliendo con la voluntad popular que se fundamenta en el anhelo social de acabar con los brotes de corrupción y la sinvergüencería anquilosada en el aparato estatal.